Irene Montero, Ministra de Igualdad del Gobierno de España, anunció que pretende aprobar la “Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans” con la que, entre otros puntos, los menores tan sólo deberían informar sobre su identidad sexual sentida para inciar tratamiento hormonal, sin tener en cuenta el parecer de sus padres.
El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España anunció que pretende modificar la ley del año 2007 en donde se presenta la transexualidad como una enfermedad (disforia de género).
De esta manera pretende aprobar la llamada “Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans” con la que se puede cambiar de sexo de manera legal sin tener que acreditar con un informe médico o psicológico “disforia de género” porque esto supone, en su opinión, “estigmatizar y patologizar el colectivo”.
En el caso de los menores de edad, tan sólo será necesario declarar la “identidad sentida” para que pueda pedir que se rectifique su sexo en el registro civil.
Los menores de 16 años podrán solicitar el cambio de sexo siempre que sean “capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dicha decisión” y de esta manera, recibir tratamiento hormonal inhibidor de su desarrollo antes de la pubertad.
Si se considera que los padres están interfiriendo en el proceso de autodeterminación de la identidad sexual y no respetan la decisión del menor, se puede retirar la patria potestad al considerarlo una situación de riesgo.
La dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI publicó un tuit el pasado 30 de octubre en el que informaban que ya estaba activo el trámite de consulta pública previa a la elaboración de la ley de igualdad plena y efectiva para las personas trans.
Además las personas trans pueden definirse como “personas transgénero, transexuales, travestis, hombres o niños con vulva, mujeres o niños con pene, variantes de género, queer, personas no binarias y otras”.
Esta ley quiere incluir también a las personas extranjeras con residencia estable en España.
Y regulará que los alumnos sean llamados en clase por el nombre según su identidad sexual y puedan utilizar los baños y vestuarios que consideren.
En España 8 Comunidades autónomas han aprobado y tienen vigenes «leyes trans».