El 16 de febrero, los Obispos de Inglaterra y Gales publicaron un comunicado para expresar su angustia al enterarse que recientes informes revelan órdenes de “no resucitar” a los pacientes con COVID-19 que tengan discapacidad intelectual.

A inicios de esta semana, el periódico The Guardian informó que mientras la segunda ola de la pandemia del coronavirus continúa en Reino Unido, se está dando la orden de “no resucitar” a los pacientes con COVID-19 por el solo hecho de tener discapacidad intelectual.

Por su parte, la organización benéfica británica Mencap, defensora de las personas con discapacidad de aprendizaje, dijo que se enteró el mes pasado de que a las personas con discapacidad intelectual se les había dicho que no serían reanimadas si contraían el COVID-19. Indicaron que en las próximas semanas sería publicado un informe sobre la práctica.

Las órdenes de “no resucitar” pacientes generalmente se aplican a personas que por su gravedad es poco probable que sobrevivan, incluso con esfuerzos de reanimación.

El presidente del Departamento de Justicia Social de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, Mons. Richard Moth, dijo que “nuestro valor como seres humanos nunca debería estar determinado por el estado de nuestra salud o capacidad mental”.

“Toda la vida humana está dotada de la misma dignidad dada por Dios desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, subrayó.

Además, denunció que la medida discriminatoria ocurra “en un momento en que la implementación eficiente del programa de vacunación nos brinda tanta esperanza”. “Es impactante escuchar que las personas con discapacidades de aprendizaje están siendo víctimas de tal discriminación”, agregó.

Mons. Moth también destacó el contraste entre las órdenes de “no resucitar” personas con esta condición y el “profundo amor y compasión” que han mostrado los que cuidan a las personas con discapacidades, especialmente, para garantizar su seguridad durante la pandemia del COVID-19.

El Prelado calificó de “totalmente inaceptable e inmoral sugerir que los desafíos que enfrentan algunas personas con discapacidades de aprendizaje para comunicar los síntomas” serían motivo de una orden de no reanimación.

También criticó que las órdenes de no resucitarlos se den de forma general, sin considerar la individualidad de cada persona con discapacidad intelectual. No es posible “tratar a las personas con discapacidades de aprendizaje como si fueran todas iguales”, sino que se deben reconocer las circunstancias únicas de cada persona. “No debería haber discriminación de este tipo en nuestro servicio de salud”, agregó.

El Prelado también se refirió a una declaración de abril de 2020 de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales que enfatiza la necesidad de tomar decisiones éticas en casos de recursos médicos limitados.

“Una decisión en contra de ofrecer un determinado tratamiento para prolongar la vida a un individuo, nunca debe ser un juicio basado en el valor de la vida de esa persona, incluida su edad u otras características sociales, sino una decisión pragmática sobre la probabilidad de que se beneficie de la intervención dada su condición médica ”, decía ese comunicado.

Reino Unido, que tiene una población de 67 millones, tiene la quinta cifra más alta registrada de muertes por COVID-19 en el mundo, después de Estados Unidos, Brasil, México e India.

The Guardian citó cifras del Servicio Nacional de Salud que indica que en las cinco semanas desde que comenzó el último cierre, el COVID-19 fue responsable del 65% de las muertes de personas con discapacidades de aprendizaje.

Un estudio de Public Health England (Salud Pública de Inglaterra) de noviembre del año pasado señaló que las personas con discapacidades de aprendizaje tenían una tasa de muerte por COVID-19 hasta seis veces mayor que la población general durante la primera ola de contagios.

El estudio británico concluyó que la tasa de mortalidad de las personas de 18 a 34 años con discapacidades de aprendizaje era 30 veces mayor.

Los activistas también criticaron a los ministros del gobierno de Reino Unido por no dar a todas las personas con discapacidad intelectual acceso prioritario a las vacunas contra el coronavirus, a pesar de la evidencia de que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de morir después de contraer el COVID-19.

La Society for the Protection of Unborn Children (SPUC) (Sociedad para la Protección del Niño por Nacer) alertó sobre los informes que revelan las órdenes de “no resucitar” a personas con discapacidad intelectual, y las calificó de “espantosas” e indicativas de “discriminación vergonzosa”.

“La orden de ‘no resucitar’ a pacientes con dificultades de aprendizaje es indicativo de una discriminación social más amplia hacia las personas vulnerables, que hemos visto en otros lugares, incluida la actitud discriminatoria que actualmente se dirige hacia el síndrome de Down”, dijo un portavoz de SPUC.